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Boletín del Observatorio de la Discapacidad N° 06-2021

5 agosto, 2021

 

Boletín del Observatorio de Discapacidad

Edición especial:

Discapacidad en el Perú… una mirada más allá del bicentenario

2021 / Agosto / N° 06

Presentación

Les damos la bienvenida al sexto número del Boletín del Observatorio de Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). En esta oportunidad presentamos una edición especial en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.

El boletín constituye una herramienta de comunicación con todas las personas e instituciones vinculadas o interesadas en la temática de la discapacidad. Difunde las informaciones más destacadas y recientes del ámbito académico, institucional y normativo, que se encuentran en el Observatorio Nacional de la Discapacidad del Conadis, agrupadas en torno a los siguientes ejes: Repositorio de investigaciones, Estadísticas, Gestión institucional y Normatividad.

Imagen de hombre con pierna amputada que camina ayudado por un bastón

Fuente: Nueva Crónica y buen gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala

En esta ocasión, se aborda como tema central: “Aproximaciones a la discapacidad en la historia del Perú”. Se presentan algunas reseñas sobre las concepciones de discapacidad que no se limitan a los 200 años de la república y que han tenido diversas manifestaciones desde la época precolombina hasta la actualidad. Del mismo modo, se revisaron diferentes estudios e investigaciones de carácter histórico, económico, jurídico y literario. Al tratarse de una edición especial, los hallazgos serán presentados en forma de ensayo.

Luego de revisado este boletín, les invitamos a participar y enviar sus sugerencias, contribuciones o consultas, a través de la dirección electrónica del Observatorio: observatorio@conadisperu.gob.pe

Aproximaciones a la discapacidad en la historia del Perú

A lo largo de la historia del Perú, se identifican distintas concepciones de discapacidad desde la época precolombina hasta la actualidad, como se puede apreciar a continuación:

1. Discapacidad en el Perú precolombino

Las culturas que florecieron a lo largo del territorio peruano no desarrollaron la escritura para dejar testimonio de sus procesos sociales y avances tecnológicos, pero sí dejaron una serie de elementos que han permitido conocer desde su arquitectura hasta las enfermedades y dietas de sus pobladores. Estos vestigios de carácter monumental, ceremonial y cotidiano nos servirán para comprender un poco más sobre la discapacidad en el antiguo Perú.

Según Sotomayor (2014), la importancia que el pensamiento analógico tuvo en las sociedades indígenas y prehispánicas permitió relacionar la condición de enanismo (talla baja) con la música, los momentos solemnes y sagrados. Ejemplo de ello, tenemos la cerámica Chimú de una persona acondroplásica tocando un caracol gigante (Figura 1), además de las múltiples representaciones cerámicas en culturas como la Azteca (México), Malagana (Colombia) y Tumaco La Tolita (Colombia-Ecuador).

Ceramio Chimú de individuo con acondroplasia tocando un caracol gigante

Figura 1: Ceramio Chimú de individuo con acondroplasia tocando un caracol gigante.

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Del mismo modo, se vinculaba esta condición de discapacidad aunada a la joroba o giba, con el oro y su valor simbólico – sagrado: la fuerza generatriz, la fecundidad y el conocimiento. En ese sentido, las personas de talla baja eran consideradas simbólicas, sagradas e importantes en culturas como la Tiahuanaco (Sotomayor, 2014, p. 307) (Figuras 2 y 3).

Estatuilla lítica Tiahuanaco con figura gibada

Figura 2: Estatuilla lítica Tiahuanaco con figura gibada.

Estatuilla lítica Tiahuanaco con figura gibada

Figura 3: Estatuilla lítica Tiahuanaco con figura gibada.

Por otro lado, desde que se investigan las enfermedades a partir del estudio de los restos óseos y arqueológicos, se han identificado diferentes paleopatologías referidas a los pobladores del Antiguo Perú. “Los artistas Moche representaron amputaciones: Urteaga-Ballón (1991), luego de examinar 65 ceramios, afirma que se encuentra evidencia de amputaciones quirúrgicas” (Verano y Lombardi, 1999, p. 104) (Figura 4).

Ceramio Moche de un individuo sin pies sujetando aparentemente

Figura 4: Ceramio Moche de un individuo sin pies sujetando aparentemente.

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Finalmente, Correa (2017) resalta que en las colecciones del Museo Larco se cuenta con un catálogo extenso de ceramios, entre los cuales se encuentran 86 representaciones de patologías que comprenden los valles de Casma, Santa, Chao, Virú, Moche, Chicama y Jequetepeque; mientras que 318 piezas que representan otras patologías no han sido identificadas territorialmente (p. 54).

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Señalado lo anterior, se puede acordar que, si bien existen narrativas que consignan que el modelo de prescindencia era la forma de proceder con las personas con discapacidad en las sociedades prehispánicas, existía, al menos en algunas culturas, algunas prácticas representadas en el corpus artístico de las mismas que señalan el elevado valor simbólico-sagrado y ritual de personas con ciertas condiciones excepcionales, así como medidas de cuidado hacia personas que adquirían algún tipo de discapacidad en el transcurso de su vida.

2. Discapacidad a inicios de colonia

Como se ha podido apreciar en el punto anterior, existió en los pueblos precolombinos una dimensión simbólica–sagrada y ritual de la persona con discapacidad, la cual las puso en una situación particular. El inicio de la colonización en toda Latinoamérica pudo evidenciar esta característica. “Sabemos por testimonios de cronistas que trataban con gran bondad a las personas con discapacidad física y a ancianos/as incapaces de mantenerse (…) Entre los Incas del área andina de Sudamérica era común la amputación de extremidades enfermas o con limitaciones, y se realizaban esfuerzos por compensar la discapacidad.” (Valencia, 2014, p. 10).

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Para el caso peruano, Guamán Poma de Ayala (1987) brinda una descripción sobre las personas con discapacidad: “En esta calle del quarto de los enfermos y liciados, cojos y mancos y tullidos, upa, mudo; nausa, ciego; uncoc, enfermo; uinay uncoc, tullido; maquin paquisca, manco; hanco, coxo. Estos servían de pasatiempo, hablar y cjocarrear, como son enanos, tinre, uayaca; cumo, corcobado; chicta cinca (naríz partida). Cada uno de los que podían trabajar y ayudar, los que tenían ojos servían de mirar, los que tenían pies andaban, los que tenían manos texían y servían de despenseros y quipo camayos, mayordomos. Éstos cada uno les casaban con su igual para multiplicar y servían en todo lo que pudían …Le casaban al ciego con otra ciega, al cojo con otra coja, al mudo con otra muda, el enano con enana, al corcobado con corcobada, el naríz hendido con otra de naríz hendida, para el multiplico del mundo….Y éstos tenían sus sementeras, casas, eredades y yuda de su servicio y ancí no avía menester hospital ni limosna con esta horden santa y pulicía deste rreyno…” (p. 143).

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Es interesante ver dos elementos: 1) evidenciar las potencialidades de las personas con algún tipo de discapacidad y dar utilidad a dichas potencialidades en beneficio de la comunidad y 2) buscar la complementariedad de las personas con fines productivos y económicos. Cabe mencionar que ello fue paulatinamente mermado por las epidemias y la agrupación de las personas en las llamadas “reducciones indígenas”.

3. Discapacidad en el siglo XXI

En el siglo XXI, las concepciones sobre la discapacidad en el Perú cambiaron considerablemente debido -en gran medida- al nuevo marco legal internacional que se estableció bajo la influencia del enfoque de derechos y el aporte de las ciencias sociales sobre cómo entender la discapacidad.

A comienzos del siglo XXI, la presión ejercida por organizaciones internacionales conformadas por personas con discapacidad y la sociedad civil para que a nivel internacional, regional y nacional se protejan los derechos de este sector vulnerable, influenció para que en la 56 Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada el 19 de diciembre de 2001, se aprobara la “resolución 56/168, que estableció la creación de un Comité Especial (…) encargado de encabezar el proceso, hacia un nuevo tratado internacional para proteger los derechos de las personas con discapacidad” (Parra-Dussan, 2010, p.350).

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Luego de un largo proceso de negociación que duró cinco años, el 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención sobre los Derechos de la Personas con discapacidad, instrumento del derecho internacional de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para los Estados parte. El 30 de marzo del 2007, 82 países firmaron la Convención y 44 el Protocolo Facultativo, entre ellos el Perú. En este documento se concibe a la discapacidad como resultado de la “interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (Inciso e del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de la Personas con discapacidad).

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Dicha Convención recoge la influencia del modelo social de discapacidad, “que ha sido conformado, por un lado, desde el activismo político; y por otro, desde el desarrollo de la sociología (…)” (Salmón y Bregaglio, 2015, p.10). Desde esta concepción, el problema de la discapacidad deja de explicarse a partir de la “deficiencia” de la persona, para pasar a hacerlo a partir de las “deficiencias” de la sociedad, que se traducen en barreras discapacitantes” (Salmón y Bregaglio, 2015, p.14). En ese contexto, las causas que originan la discapacidad son sobre todo sociales.

Este modelo reconoce también el aporte que las personas con discapacidad pueden hacer a su propia comunidad sí se les garantiza sus derechos. Los valores que la sustentan están relacionados con los derechos humanos, el respecto por la dignidad, igualdad y libertad personal, así como la inclusión social; además, se guía por los principios: accesibilidad universal, no discriminación, participación entre otros, los cuales están expresados en la Convención sobre los Derechos de la Personas con discapacidad.

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Con ello, se dio impulso a un marco normativo nacional, cambio de paradigma y enfoques respecto de las personas con discapacidad y al accionar del Estado centrado en “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de la Personas con discapacidad).

En así que en el Perú, el 13 de diciembre del 2012 se promulgó la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual reemplazó a la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad promulgada en el año 1998, adoptando esta nueva concepción social de la discapacidad. En esta ley se concibe a la persona con discapacidad, como aquella “que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás” (Artículo N°2 de la Ley N° 29973). Dos años después, se publicó su reglamento.

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En la actualidad, a pesar del marco legal existente, las personas con discapacidad siguen experimentando diferentes formas de discriminación social, exclusión y violencia; además, que siguen formando parte de los sectores más amplios de pobreza y pobreza extrema. Algunos estudios procedentes de las ciencias sociales y económicas dan cuenta de ello: Pinto (2020), Clausen y Barrantes (2020), Barrantes (2017) y Carlos, Chávez y Palacios (2015). Además, se mantiene en el imaginario social de algunos sectores poblacionales ciertos estereotipos y mitos que asocian a la discapacidad con minusvalía y dependencia, lo que contrasta con los alcances de los Convención y la Ley 29773.

Leer: Perú Hoy. A ritmo de pandemia y cuarentena

Leer: I Encuentro Nacional de Investigación en Discapacidad

En ese sentido, se puede concluir que si bien a lo largo de la historia del Perú y de los pueblos precolombinos, las concepciones sobre discapacidad les daba una dimensión simbólica – sagrada; en la colonia dada las epidemias y la instalación de las “reducciones indígenas”, hubo una transformación de las concepciones de la discapacidad lo cual plantea, hasta la actualidad, el reto de seguir impulsando los derechos de las personas con discapacidad, por lo que resulta importante seguir trabajando como Estado y desde la sociedad civil, por una sociedad más justa e inclusiva en este segundo centenario de vida independiente.

 

Abordaje de la discapacidad a través de la literatura basada en fuentes históricas

Desde el campo de la literatura histórica el libro “El espía del Inca” (2019) de Rafael Dumett brinda particular abordaje al tema de la discapacidad durante el incanato, cuando describe al personaje de Chimpu Shánkutu “El Fértil en Argucias” quien escogió al personaje principal del libro, Oscollo, como aprendiz del espía para el Inca.

Además de indicar que Chimpu Shánkutu tenía sangre de inca, era un personaje que utilizaba su condición de persona de talla baja para pasar desapercibido entre los pueblos conquistados por el Inca. Ello le permitió establecer diferentes canales de comunicación directa hacia el Cusco, a fin de prevenir hostilidades o rebeliones contra el incanato.

“Para vencer a tu enemigo en la batalla, atrapa su cabeza; para vencer en la guerra, atrapa su lengua” (p. 157), decía Chimpu Shánkutu, lo que dejaba en evidencia su gran astucia en las artes de la guerra. Fue gracias a él que también se pudo identificar que algunos miembros de la familia del inca no querían brindar todo el impuesto en alimentos que les correspondía. Descubierto el engaño gracias a este personaje y al papá de Oscollo, que era el contador del inca (Quipucamayoc), se sentenció a muerte a dichas personas por delitos de alta traición.

Si bien “El Espía del Inca” es una obra literaria, todas sus referencias bibliográficas son de carácter histórico, por lo que consideramos importante hacerle mención en esta edición del Boletín del Bicentenario, la cual busca tener un carácter transdisciplinario que permita establecer un abordaje lo más integral posible al tema de la discapacidad.

Estadísticas a nivel nacional respecto a las personas con discapacidad (1940 – 2017)

El Censo Nacional de población y Ocupación de 1940 fue el quinto Censo de Población realizado durante el primer Gobierno del Dr. Manuel Prado Ugarteche. Los resultados advirtieron que de una población censada de aproximadamente 6 millones de habitantes, un poco más de 109 mil personas declararon haber tenido algún defecto físico o mental, lo que equivalió al 1,76% del total.

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Los Censos Nacionales de Población, Vivienda y Agropecuario de 1961, se realizaron en cumplimiento de la Ley N° 13248 “Ley de Censos”, norma que dispone que a partir de 1960 los Censos Nacionales de Población y Vivienda deberán levantarse cada 10 años. Los resultados revelaron que existían 10 millones 420 mil 357 habitantes, de los cuales alrededor de los 115 mil padecían “defectos físicos, enfermedades mentales y endémicas”, representando el 1,1% del total de la población.

Los Censos Nacionales de Población, Vivienda y Agropecuario de 1981 incluyeron en el levantamiento censal la siguiente pregunta ¿Alguno de los miembros de su hogar es ciego, mudo, sordo, tiene impedimentos físicos u otra deficiencia? Revelando que, el 0,16% de la población tenía alguna discapacidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2017), en la cédula censal de los Censos Nacionales de Población, Vivienda y Agropecuario de 1993 figuró la siguiente pregunta ¿Presenta algunos de los impedimentos siguientes? (Ceguera total, Sordera total, Mudez, Retardo mental, Alteraciones mentales, Polio, Pérdida o invalidez de extremidades superiores, Pérdida o invalidez de extremidades inferiores, otros). Revelando que, el 1,3% del total de 22millones 45 mil habitantes declararon tener algún tipo de limitación.

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En 1993, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con el auspicio y apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y el INEI, realizó el Estudio Epidemiológico especializado sobre discapacidad en el Perú. Dicha investigación tuvo un enfoque esencialmente médico y tuvo como muestra la entrevista de 3690 personas de un total de 630 viviendas, evidenciando que el 45,4% tenían tipo de deficiencias, el 31,3% tenían algún tipo de discapacidad y el 13,1% tenían algún tipo de minusvalía.

En el año 2005, se desarrolló la Encuesta Nacional de Hogares sobre Discapacidad en Lima Metropolitana y Callao – EHODIS, la cual reveló que el 20% del total de hogares (1 889 747) 374 225 albergaban al menos a una persona con limitaciones físicas y mentales, representando el 20% de los hogares de Lima Metropolitana y el Callao.

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La Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO) dio a conocer que el 8,9% de la población peruana presentaba algún tipo de discapacidad o limitación. En el área urbana y rural del país, las proporciones alcanzaron el 8,9% y 6,9%, respectivamente.

Los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 ejecutados el 21 de octubre en el área urbana y del 21 de octubre al 4 de noviembre en el área rural, incluyeron entre las 53 preguntas una que permitió identificar que el 10,9% de hogares a nivel nacional albergaba al menos una persona con algún tipo de discapacidad.

La Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012 tuvo como objetivo principal obtener información estadística confiable sobre el tamaño de la población con alguna discapacidad existente en el país. La encuesta tuvo como tamaño efectivo a 1858 conglomerados; se visitaron 222 960 viviendas y se entrevistó a 22 657 personas con discapacidad, arrojando que el 5,2% del total de la población del país padecía de alguna discapacidad, lo que equivale en cifras absolutas a 1 millón 575 mil 402 personas, de los cuales el 47,9% son hombres y el 52,1% mujeres.

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El Censo de Población 2017 reveló que el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad, entre otros datos determina la prevalencia de la discapacidad en 10,3% a nivel nacional: 10,6% para el área urbana y 31,2% para la provincia de Lima.

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En las encuestas permanentes de hogares que realiza el INEI desde el año 2014, se han incluido preguntas para identificar a personas con discapacidad, a partir de sus resultados se elabora un boletín anual, que describe las características de las condiciones de vida y otros aspectos sociales relevantes.

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Vistas las anteriores cifras, que muestran resultados diversos debido al universo de personas encuestadas, es que se considera de suma importancia desarrollar la II ENEDIS en el año 2022 a fin de actualizar el conocimiento sobre las personas con discapacidad. Desde el Conadis se ha coordinado con el INEI la elaboración de la ficha técnica y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Economía su incorporación en el Presupuesto General de la República del próximo año.


Gestión Institucional

El Gasto Público de Discapacidad en el Presupuesto del Sector Público

Los gastos anuales efectuados por el Estado, referidos a temas de discapacidad que se registran en el Presupuesto del Sector Público son de tipo multisectorial, comprendiendo a los Ministerios, asimismo estos gastos al nivel territorial se realizan por los Gobiernos Regionales y Locales.

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La estructura sectorial y departamental del Presupuesto del Sector Público no permite disponer de manera rápida del gasto total en discapacidad. Sin embargo, es a través de los Programas Presupuestales con el enfoque de presupuesto por resultados, que se puede conocer los gastos específicos que están orientados a un resultado específico.

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Un Programa Presupuestal es el 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (PP 0129), con el resultado específico a alcanzar: Disminuir las condiciones secundarias de salud y el grado de discapacidad de las personas con discapacidad, siendo el ente rector el Ministerio de Salud. El PP 0129, se mantiene vigente y tiene como antecedente el PP 0092 que se ejecutó durante los años 2013 y 2014. Identificado el gasto como PP 0129 y realizando la búsqueda en el Portal de Transparencia Económica – Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas , se dispone de una amplia información referida al gasto PP 0129 como por ejemplo su registro por entidades, por categoría presupuestal, estructura del gasto, departamentos y por trimestre o mensual, entre otros.

Imagen de un gráfico de barras del gasto anual del PP 0129, del año 2013 al 2021

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Para el caso del gráfico se utilizó los montos totales del PP 0129, con una periodicidad anual, los años 2013 y 2014 corresponden al PP 0092, y el dato del 2021 se proyecta con el presupuesto asignado (PIM).

Otro Programa Presupuestal es el 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva (PP 0106), cuya rectoría está a cargo del Ministerio de Educación que presenta como resultado específico Suficiente acceso y adecuados servicios de Educación Básica y Técnico Productiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 – 29 años, el cual se encuentra vigente. Para el año 2021 tiene asignado el monto de S/ 257,3 millones.

Imagen de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad

Normatividad

Modificación al Código Civil ¿Capacidad jurídica?

Antes en el Perú se tenía que iniciar un proceso legal de interdicción en el que se le asignaba un curador a la persona que tenía alguna discapacidad como, por ejemplo: que adolecía de deterioro mental, razón por la que las personas con discapacidad vieron anulado el ejercicio de sus derechos y durante años lucharon por la reforma del Código Civil, para que se reconozca su capacidad jurídica, ya que le era impedido tener una participación activa en la sociedad. (Resultado Legal, 2019 )

El Decreto Legislativo 1384, que entró en vigor el 4 de setiembre del 2018, reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, deroga los supuestos de interdicción por motivos de discapacidad y regula la figura de apoyos y salvaguardias, estableciendo la plenitud del ejercicio de derechos de la persona con discapacidad.

La diferencia relevante es que el curador sustituye a la persona que es declarada interdicta judicialmente en lo que respecta a su capacidad de ejercicio, en cambio el apoyo asiste a la persona con discapacidad, no la reemplaza. (Resultado Legal, 2019)

Actualmente, de conformidad al artículo 45 del Código Civil: “Toda persona con discapacidad que requiera ajuste razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo a su libre elección.” Específicamente, los apoyos son formas de asistencia libremente elegidas, para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y las consecuencias de estos, así como en la manifestación e interpretación de la voluntad.

No obstante, los apoyos no tienen facultades de representación, salvo en los casos en que ello se establezca de manera excepcional, expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o lo determine el juez. (Artículo 659–B, Código Civil, 1984) Por otro lado, las salvaguardias son medidas para garantizar el adecuado desempeño de los apoyos, pudiendo ser designadas por la persona con discapacidad o por un juez, en caso haya intervenido en la designación previa de apoyo o apoyos. (Artículo 659–G, Código Civil, 1984)

Leer más sobre el Código Civil

En cuanto al otorgamiento de ajustes razonables, el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece que, es “nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los derechos de las personas. […] incluida la denegación de ajustes razonables”. Los ajustes razonables, corresponden a una conducta positiva de realizar modificaciones y adaptaciones adecuadas del entorno en respuesta a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en situaciones particulares.

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Cabe mencionar los siguientes documentos normativos, el Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP, mediante el cual se aprobó el Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y la Resolución Ministerial Nº 156-2021-MIMP, que aprueba el Protocolo para atender las solicitudes de ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

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Repositorio de investigaciones

Niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en centros de acogida residencial y albergues

Antes de la declaratoria del estado de emergencia nacional por el Covid-19, en febrero de 2020, al menos 1779 niñas, niños y adolescentes estaban registrados en los Centros de Acogida Residencial (CAR) que pertenecen al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), según información de la Defensoría del Perú.

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La covid-19 arrebató a miles de niños y adolescentes de sus madres, padres, tíos y abuelos. Algunos quedaron al cuidado de familiares, pero otros pasaron a vivir en centros de acogida del Estado, donde reciben atención integral hasta cumplir 18 años de edad.

A comienzos del año 2021, el Gobierno peruano estimó que alrededor de 10 900 niños y adolescentes perdieron al menos a uno de sus padres debido a la Covid-19, pero aún no se conoce la cifra de hogares con hijos en situación de orfandad absoluta. El protocolo para identificar estos casos se inicia con la búsqueda de familiares o tutores que puedan quedar a cargo de los menores de edad, una labor que realizan las Unidades de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En ese contexto, el Estado ha incrementado el presupuesto de S/ 192 millones del año 2020 a en S/ 223 millones en el presente año.

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En relación a los adultos mayores, el problema con los asilos y albergues para esta población es que por reglamento deben ingresar sin enfermedad alguna, pero esto no se cumple, a lo que se suman los que se enferman. Lamentablemente, estos espacios se estarían “convirtiendo” prácticamente en hospitales sin tener la infraestructura para funcionar como tales, lo cual estaría poniendo a los adultos mayores en una situación de latente vulnerabilidad, como bien señalara Manrique, en su análisis sobre la Situación del adulto mayor en el Perú

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Finalmente, sobre el estado de emergencia nacional por el Covid-19, desde su inicio, la Defensoría del Pueblo advirtió que de 146 centros de atención residencial de adultos mayores, 90 de estos carecían de protocolos que orienten su actuación frente a eventuales contagios y 85 no tienen un plan de prevención.

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Le invitamos a revisar las últimas normas y resoluciones en materia de discapacidad emitidas por el Congreso de la República, Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y, por supuesto, el Conadis:

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